Gobierno y oposición entran a saco en el problema de la vivienda con propuestas interesantes pero poco creíbles.
Hasta ahora desde que entramos en la democracia nunca solucionaron el problema, pero en la actualidad es mas complicado por la escasez de suelo urbano, la escasez de profesionales en la construcción y los escasos intereses del capital privado para esos proyectos.
Cuando existía un ministerio de la vivienda que decidía quien, como y donde se podía construir vivienda social, eran otros tiempos y otras leyes que lo permitían, hoy son las autonomías las que tienen la última palabra y mientras no se pongan de acuerdo con el gobierno central de poco sirven las palabras al viento. Por otro lado en este tipo de actuaciones públicas los corruptos están al acecho para dar algún pellizco con el consiguiente perjuicio a los fines previstos.
No se si una parte de esos 70.000 millones de los fondos europeos se podían utilizar para financiar estos proyectos, pero sería una ayuda importante, si además hubiera un control exhaustivo y planificado de los proyectos.
Si esas obras llegaran a buen termino, sería necesario saber en que condiciones llegarían a los solicitantes, para alquiler nunca debería ser superior al 30% de los ingresos del adjudicatario.